Entre sus principales objetivos, destacan el fomento a la investigación científica, la coordinación con actores internaciones y la protección de los derechos de las personas, con énfasis aquellos grupos que se ven mayoritariamente afectados por la violencia digital y los ciberdelitos.
El lunes 4 de diciembre se publicó en el Diario Oficial el decreto 164 que aprueba la nueva Política Nacional de Ciberseguridad para el periodo 2023-2028. Su primera versión, fue lanzada en abril de 2017 por la expresidenta Michelle Bachelet y contenía cinco objetivos y una serie de medidas a ser implementadas entre 2018 y 2022. Su propósito principal era contar con un ciberespacio libre, abierto, seguro y resiliente, y los últimos cinco años Chile ha avanzado de manera decidida en esa línea, progresando en el diseño de la institucionalidad y el fortalecimiento del marco regulatorio.
No obstante, las amenazas se van diversificando al mismo ritmo acelerado en que evoluciona la tecnología, y Chile aún tiene grandes desafíos por delante. De acuerdo a los antecedentes detallados en la nueva Política Nacional de Ciberseguridad, entre los principales problemas que enfrenta hoy el país en esta materia, se encuentran la insuficiente resiliencia de nuestras organizaciones e infraestructura, la falta de cultura de las organizaciones y de las personas sobre la importancia de la ciberseguridad, la falta de especialistas en ciberseguridad, la falta de sofisticación de nuestra demanda por ciberseguridad, y el aumento de los delitos en el ciberespacio.
Para enfrentar los retos enumerados anteriormente, la nueva Política contiene cinco objetivos fundamentales:
- Infraestructura resiliente: El país contará con una infraestructura de la información robusta y resiliente, preparada para resistir y recuperarse de incidentes de ciberseguridad y de desastres
socioambientales, bajo una perspectiva de gestión de riesgos.
- Derechos de las personas: El Estado protegerá y promoverá la protección de los derechos de las personas en Internet, a través del fortalecimiento
de la institucionalidad existente en materia de ciberseguridad; y de la generación, adopción, y promoción de los mecanismos y las herramientas tecnológicas necesarias para que cada persona pueda integrarse a la sociedad, y desarrollarse y expresarse plenamente.
- Cultura de ciberseguridad: Chile desarrollará una cultura de la ciberseguridad en torno a la educación, buenas prácticas, responsabilidad en el manejo de tecnologías digitales, y la promoción y garantía de los derechos de las
- Coordinación nacional e internacional: El Estado creará una gobernanza pública para coordinar
las acciones necesarias en ciberseguridad. Los organismos públicos y privados establecerán, en conjunto, instancias de cooperación, con el
propósito de comunicar y difundir sus actividades en ciberseguridad, evitar la duplicación de trabajo y pérdida de recursos, y hacer eficientes los esfuerzos en esta área. En el ámbito internacional, el Estado se coordinará con países, organismos, instituciones y otros actores internacionales para permitir a nuestro país enfrentar de mejor manera las actividades maliciosas e incidentes en el ciberespacio.
- Fomento a la industria y la investigación científica: El país promoverá el desarrollo de una industria de la ciberseguridad, que proteja a las personas y las organizaciones, y que sirva a sus objetivos estratégicos. Para ello, fomentará la focalización de la investigación científica aplicada en temas de ciberseguridad, acorde a las necesidades del país.
